La pena de muerte en España fue abolida, bajo
cualquier circunstancia, por Ley Orgánica en 1995. La actual Constitución de 1978 establece su
abolición, excepto lo que puedan disponer las leyes penales militares en
tiempos de guerra.
La pena de muerte fue utilizada en España sin interrupción hasta 1932,
cuando fue abolida a raíz de una reforma del Código Penal introducida durante
la Segunda República. Fue restablecida en
octubre de 1934, para delitos de terrorismo y bandolerismo. Francisco
Franco la reincorporó plenamente al código penal en 1938,
argumentando que su abolición no era compatible con el buen funcionamiento de
un estado. Las últimas ejecuciones en España fueron las de dos miembros de ETA y tres del FRAP, fusilados el 27 de
septiembre de 1975.
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